Blanqueo de capitales y lavado de activos
Nuestro país registra seis blanqueos: 1986, 1992, 2009, 2013, 2015 y el recientemente aprobado en instancias de reglamentación completa de los supervisores nacionales.
Por Sebastian Kaufman
Las razones de los blanqueos son más o menos siempre las mismas, este último particularmente influenciado por la evolución que han tenido los acuerdos internacionales de intercambio de información fiscal, a partir del cambio de paradigma que se inicia hace más de 25 años con la creación del FATF-GAFI, donde los delitos económicos comienzan a ser foco de análisis y políticas de los países centrales. Todo lo que resultará en los próximos meses en el disparo de mecanismos automáticos anuales desde 2017, y en la profundización de los acuerdos bilaterales del estilo FATCA que es el que utiliza Estados Unidos para administrar su cooperación de manera tal de negociar en mejor posición esos intercambios.
Respecto de los delitos fiscales, si bien en nuestro país tendemos a asignar toda la responsabilidad en los sectores más acaudalados y/o empresariales, y tildarlos como evasores compulsivos, esa categorización es errónea. En economía las prácticas empresariales e individuales son guiadas con incentivos y desincentivos como describió perfectamente Douglass North en sus textos sobre “instituciones, cambio institucional y desempeño económico” en los años noventa.
Esta doble lectura sobre por qué pagan o por qué no pagan todos los impuestos sobre sus bienes y ganancias los ciudadanos, en este caso de nuestro país, hace necesaria una reflexión de cómo se podría atacar el problema de manera consistente y con mejores resultados que los obtenidos hasta ahora.
En la Argentina, hace ya varias décadas, que los comportamientos fiscales de los mayores contribuyentes son guiados en función de incentivos y desincentivos claramente orientados a la fuga de capitales y consecuentemente a la evasión tributaria, basta citar algunos ejemplos: Plan Bonex, corralitos, confiscaciones direccionadas, pérdida constante del valor de la moneda, fuertes devaluaciones e inflación descontrolada.
Es cierto además, que existe un componente de acción ciudadana, o mejor dicho, de moral fiscal que el argentino promedio parece no tener, y que en el nivel comparado en otros países es más alta. Atribuir las razones de la fuga y la evasión solamente a las reiteradas crisis que configuraron incentivos para ello sería un error, muchos individuos y empresas tratan de respetar sus obligaciones fiscales independientemente de la historia de nuestro país, porque creen que así se saldrá de ese círculo vicioso y/o tienen políticas de respeto a la ley, o bien muy pocas posibilidades de evadirse de ella aunque así lo quisieran; y atribuirlo solamente a la baja moral fiscal de nuestros ciudadanos también sería un error, porque muchos argentinos practican la transparencia fiscal en sus vidas y empresas simplemente porque creen realmente que es correcto y responsable hacerlo, y no se sienten interpelados por las amenazas de prisión del código penal para hacerlo sino por su apego a la institucionalidad y el ejercicio de la ciudadanía responsable.
Esta doble lectura sobre por qué pagan o por qué no pagan todos los impuestos sobre sus bienes y ganancias los ciudadanos, en este caso de nuestro país, hace necesaria una reflexión de cómo se podría atacar el problema de manera consistente y con mejores resultados que los obtenidos hasta ahora. Claramente un cambio radical en la manera en que gestionamos las crisis económicas es necesario, pero ese es en principio un problema político y no sabremos qué pasará en el futuro hasta tanto no tengamos que transitar nuevas crisis de las que en su momento generaron desincentivos a la transparencia fiscal. Ahora bien, desde el punto de vista de los instrumentos, tal vez ha llegado el tiempo de preguntarse si el delito fiscal debiera sincerarse y convertirse en falta grave administrativa únicamente, es decir, que la amenaza de confiscación de bienes sea más concreta que la amenaza de un proceso o eventual prisión, o mejor dicho, que la posibilidad de perder todos los beneficios y aún más que se quisieron obtener con la fuga de capitales y su consecuente evasión, tenga un resultado esperado más concreto y de mayor probabilidad de éxito. Las fuertes multas que existen hoy por hoy en la legislación de prevención de lavado de activos en el mundo, tienen el mismo sentido, a veces es difícil probar el delito, pero no el origen ilícito de los fondos, lo que al ser confiscado o fuertemente multado, desincentiva nuevos delitos y desorganiza a la estructura criminal detrás del delito multado. Esto en parte es hacia donde apuntan las ideas de exteriorización de capitales o blanqueos, que como vimos en nuestro país, y no es el único, se implementan cada tanto. Para otra oportunidad queda discutir como compensar a quienes cumplen ciento por ciento con sus obligaciones fiscales, ya que nunca los beneficios propuestos, como en el caso actual, superan los beneficios a los que acceden quienes durante años no cumplieron con su parte, esto es sin lugar a dudas un desincentivo poderoso para los cumplidores en términos futuros, sobre todo los que no se enmarcan dentro del grupo de moral fiscal.
Dicho esto, es evidente que el Estado Argentino ha probado a lo largo de estos años, y en diferentes gobiernos, que está más interesado en la regularización fiscal y la recaudación que en la amenaza de la pena, y de esto deben anoticiarse todos los operadores económicos. Por lo que estas políticas reiteradas de blanqueos de capitales deberían ir acompañadas de un nuevo y mucho más estricto sistema de detección de infracciones fiscales y capacidad de multa, lo que hoy por hoy no existe y cuyo disparador podría ser el sistema de intercambio de información internacional, de no ser así se desperdiciaría una oportunidad histórica.
Sería deseable también, un escenario donde toda la dirigencia política de nuestro país se comprometiera a administrar las crisis sin violar derechos de propiedad que lleven a las personas al dilema de ser transparentes en materia fiscal o no, y al mismo tiempo un escenario donde nos convenzamos de que la mejor manera de salir de ese circuito de blanqueos sistemáticos es comprender que la transparencia fiscal y corporativa es un beneficio a largo plazo a nivel personal, empresario y nacional, aunque no sea tan fácil observar los resultados a corto plazo.
Es por todo esto que entender que las políticas de compliance e integridad económico-financiera de las personas y las empresas, no son ya solamente un problema de moral pública o de filosofía política, sino de estricta práctica económica y son fundamentales para los años que vienen. No aplicar este tipo de procedimientos y seguir manteniéndose al margen de las regulaciones nacionales e internacionales de transparencia y prevención de lavado de activos tendrá impactos negativos sobre la actividad económica de los sujetos, organizaciones y países involucradas en ello. El mundo está queriendo hace años separar la paja del trigo, pero el delito fiscal ya es precedente de lavado de activos desde hace un tiempo a esta parte, y quienes persistan en acciones poco transparente, aunque el origen de sus fondos este fundado en sus negocios legales, tendrán cada vez más problemas para explicar que no están inmersos en delitos más gravosos y con perores consecuencias.
Por otro lado, las políticas de transparencia fiscal y compliance, en un mundo que reclama este tipo de cambios, también serán una marca de fábrica para explotar y acercarse a una ciudadanía que espera vivir en países cada vez más igualitarios en materia de obligaciones y responsabilidades, sin importar el poder o tamaño de quien las ejerce. Es por esto que cabe preguntarse hoy, en un escenario mucho mejor preparado para ordenar la cuestión fiscal en nuestro país y una vez que comience a circular información fiscal internacional entre los gobiernos: ¿Podrá el Estado Argentino actuar de manera contundente contra los infractores fiscales impartiendo sanciones ejemplificadoras y veloces independientemente de si son penales, administrativas o disuasivas? Si no es así, de nada habrá servido este nuevo blanqueo y solo será uno más y contando.